Era 1883. Al Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals le llega el boceto de una iglesia con una firma en la esquina inferior derecha: «el arquitecto Gaudí». A esa hoja le acompañaba una instancia de Josep Maria Bocabella para solicitar una licencia de construcción. Y hasta el día de hoy, eso fue todo lo necesario para edificar la que sería una de las obras más icónicas de los últimos tiempos: la Sagrada Familia. Después de más de 100 años, el Ayuntamiento al que le pertenece hoy el terreno de la edificación, Barcelona, quiere regularizar esa situación aprobando su permiso de proyecto urbanístico.
Esta semana se han reunido Ayuntamiento de Barcelona, arquitectos y patronato de la Fundación Sagrada Familia para crear una comisión técnica con el objetivo de acordar la licencia de obra de la Sagrada Familia. En declaraciones a la prensa, la teniente de alcaldía Janet Sanz ha contado que esta comisión busca tejer diálogos que normalicen la situación y culmine en 2017. Durante las próximas dos semanas han adelantado que se efectuará la siguiente reunión.
Aunque la polémica en torno a los pisos de la calle Mallorca que ocupan parte del proyecto de Gaudí o la construcción de las columnas del pórtico de la fachada siempre ha estado latente, la teniente alcalde ha declarado que esa no es la prioridad de esta comisión, aunque aprovecharán para garantizar la tranquilidad de los vecinos «interviniendo en el entorno más inmediato del templo». Esto es, la actividad del espacio público de sus inmediaciones y la movilidad urbana.
La obra que pone Barcelona en antena con todo el mundo debería desembolsar un coste de licencia que aún se desconoce en base a qué se hará el cálculo. La Sagrada Familia, como iglesia, está exenta de pagar el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) debido a un acuerdo entre el Estado y la Santa Sede. El patronato de la iglesia ha declarado que tienen voluntad de pagar los impuestos que se le reclamen. Por su parte, la teniente alcalde solo ha adelantado que deberán valorarlo en función de aspectos como su superficie o su volumen y que la licencia no tendrá carácter retroactivo, sino que «solo se pagará por lo que falta por construir», manifestó. Durante este tiempo, pese a las intenciones del consistorio de regularizar la licencia y hacer pagar a la Sagrada Familia, las obras seguirán su curso natural.
La Sagrada Familia, una rara avis
A la obra siempre le ha envuelto un halo de peculiaridad. Voces del patronato de la basílica reconocen que son «una rara avis, por las condiciones especiales que siempre ha tenido». Hasta el momento, el marco en el que la obra se regulaba era bajo un permiso autorizado por el Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals, municipio al que pertenecía el terreno donde se levantó el edificio. Pero ese pueblo fue absorbido por Barcelona el año 1897, con los planes de Ildefons Cerdà, y se convertiría en parte del actual Eixample de la ciudad.
Inicialmente, se iba a construir un sencillo proyecto neogótico de planta de cruz sencilla, pero después de que el primer arquitecto, Francisco de Paula del Villar y Lozano, abandonara la dirección de la obra por discrepancias, Antoni Gaudí tomó las riendas del proyecto en 1883 para dotarle de la majestuosidad con la que se le conoce en la actualidad.
En ese momento, la obra expiatoria recibió una importante donación. La ampliación de la financiación hizo que el arquitecto modificara una vez más el plano del templo, cambiando su orientación y desarrollando lo que sería una basílica modernista. Aun así, con la repentina muerte de Gaudí, atropellado por un tranvía, la obra se quedó sin planos detallados y las obras posteriores han sido interpretaciones de los bocetos del artista.
La Sagrada Familia se ha ido construyendo manteniendo conversaciones con todos los gobiernos municipales que ha habido, pero no ha sido hasta la llegada de Colau al consistorio que no se ha planteado supervisar la obra. El actual equipo de gobierno se ampara en la singularidad de la obra. No hay datos oficiales, pero se calcula que la catedral podría estar dejando un impacto económico en la ciudad de más de 25 millones de euros al año.
Fuente: Idealista News